Repudiamos y denunciamos. Repudiamos el proyecto de ley "antiacampe" que prepara el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se propone prohibir "los campamentos en espacios públicos, tanto de indigentes como piqueteros" y denunciamos la falsedad de los datos que se difunden para apoyar su aprobación en la legislatura porteña. Ya desde las palabras que se utilizan, podemos comprender la terrible perspectiva represiva y discriminatoria desde la que se piensa esta legislación. "Acampar" y "campamento" son eufemismos que buscan distanciarse y maquillar lo que, en verdad, son enormes tragedias personales, familiares y sociales causadas por la misma administración que después pide mano dura, por su desidia para ejecutar los presupuestos previstos para planes de vivienda, por su negligencia para implementar dispositivos que funcionen con perspectivas humanistas y de inclusión social. Por el desprecio con el que se considera a un otro, un distinto, en una desgraciada idea de que vale más el paisaje "pulcro" que el contacto humano. Por la incapacidad de pensar soluciones que apunten a aliviar el sufrimiento. "Indigentes", "piqueteros": más distancia, más frialdad. Son los otros, los que nos cortan a "nosotros" las calles, interrumpen nuestro recorrido, nos molestan.
El macrismo tergiversa y miente. En los medios se difunde que hay 1500 camas disponibles en los paradores porteños. Son números, otra vez, fríos, que no coinciden con la realidad, una realidad dura, que no es aséptica, que se saca de encima esas etiquetas que los funcionarios les quieren adherir. Se argumenta que "los sin techo" se niegan a ir a los paradores. Bien sabemos que, muy por el contrario, el servicio del 108 del BAP (Buenos Aires Presente) muchas veces no concurre donde se lo solicita. Los propios empleados del BAP piden disculpas ante lo que los abruma. Son trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, que están mal pagos, presos también de la frialdad, de políticas que ellos no diseñan. Políticas inhumanas. Gestiones con teléfonos que nadie contesta. Bien sabemos que los paradores no dan abasto y rechazan gente por falta de espacio. Bien sabemos que el propio gobierno que se queja de los "acampes" después desaloja a la gente de hoteles y pensiones e interrumpe subsidios habitacionales. Es una rueda perversa: ahora se disponen a echar a patadas de la
calle, en una lamentable reedición de la UCEP, a familias que ellos mismos antes desalojaron.
El estado porteño sólo aparece para castigar. Es inverosímil que el gobierno de la Ciudad sólo se haga visible para sancionar. ¿No se puede acaso prevenir que miles de adultos, adolescentes y niños duerman en la calle? ¿No se puede pensar una solución a largo plazo que realmente transforme la situación de la gente que no tiene un lugar digno para vivir? Para el macrismo, evidentemente, no se puede. Ahora bien, lo que sí se puede y sí se hace es criminalizar a quienes viven en la calle. De esta manera, se reproduce un círculo vicioso: el Estado expulsa a determinado sector de la sociedad, se hace política (de la inseguridad, tal vez) de esa expulsión, que el resto de la sociedad legitima. Y entonces se re-expulsa al ya expulsado.
La ausencia estatal se advierte demasiado tarde. Debe cuestionarse el rol de un Estado que se comporta así, cuando se supone que debe resguardar los derechos más básicos de esas familias, de esos niños y de esos adolescentes. Los buenos vecinos de la ciudad deben poder ver la ausencia estatal antes, cuando el Estado evita incorporar al mercado de trabajo a la gente que no lo tiene o cuando se discrimina en los hospitales públicos a los que no pudieron bañarse. Esta ausencia, en su forma más represiva, se nota recién cuando la gente "acampa" (simplemente duerme) dentro del cajero del banco o en la puerta de algún edificio. Ahí sí nos preguntamos dónde estará la policía que no previene semejantes hechos.
Puertas para adentro. El macrismo busca, una vez más, resolver un problema social (que lamentablemente para ellos, es evidente) con una supuestamente eficiente intervención estatal motivada por la enternecedora solidaridad de sus funcionarios. El Gobierno de la Ciudad quiere la pobreza puertas para adentro. No quieren repetir el error de que la UCEP tuviera funcionamiento irregular. Esta vez planean ser criminales sociales amparados por un marco legal.
No puede ser promulgada una norma que penaliza la pobreza y la libertad de expresión y protesta. A principios de este año, Macri vetó una ley para la protección de la gente en situación de calle. Esa ley se fundaba en el acercamiento, en la inclusión, en la generación de lazos, en la igualdad de oportunidades. Había sido debatida por las organizaciones sociales, por los legisladores, por especialistas. Ahora, nos encontramos con esta propuesta exactamente inversa. Confiamos en que una ley de estas características nunca será aprobada. Debemos como seres humanos y como sociedad ser capaces de concebir otras respuestas ante el dolor de nuestros conciudadanos, vecinos, compatriotas, hermanos de otros países. Respuestas que legislen sobre ese dolor pensando en que afecta o puede afectar a todos los hombres que habitan el suelo argentino. Les suena familiar esta terminología, ¿verdad? Así empieza la Constitución de nuestro país. A los que se jactan de ser republicanos, bien les convendría repasar estas palabras, y reflexionar mejor antes de pronunciarse; da vergüenza ajena tanta incoherencia.
ENCUENTRO SOBRE POLÍTICAS PUBLICAS DE NIÑEZ y ADOLESCENCIA
